¿Sabes cómo tributan los bienes inmuebles destinados a vivienda? ¿Y qué ocurre si los propietarios no residen en España? Desde Martínez Lafuente Abogados, analizamos el caso del tratamiento distinto y no justificado a los no residentes. 

El artículo 23.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece:

2. En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto positivo calculado con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se reducirá en un 60 por ciento. Esta reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente.

Como puede observarse, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece una reducción del 60% cuando los propietarios alquilan una vivienda como residencia habitual. Esta reducción, sin embargo, no resulta de aplicación a los propietarios de inmuebles que no residan en España. Esta diferencia de trato supone un tratamiento distinto a los no residentes, que en modo alguno está justificado.

Por ello, la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento contra España por dar un tratamiento privilegiado a los residentes frente a los no residentes. A juicio de la Comisión Europea, esta discriminación vulnera el artículo 63 del del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dispone:

  1. En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.
  2. En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas cualesquiera restricciones sobre los pagos entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.

Hay que aclarar que estamos ante el inicio del procedimiento. Se le ha comunicado a España el inicio del procedimiento y se le ha concedido un plazo de dos meses para contestar y efectuar alegaciones. España defenderá, lógicamente, la legalidad de esta discriminación. En todo caso y como parece que la infracción está clara, se le va a pedir a España que adapte su legislación al Derecho de la Unión Europea y a que elimine esta discriminación de su legislación, permitiendo a los no residentes la aplicación de la reducción del 60% cuando alquilen su vivienda para residencia habitual. Si España se mantiene en su postura y no permite la aplicación de la reducción del 60% a los no residentes, se denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 

Llegados a este punto, la pregunta es clara: Cómo deben actuar aquellos no residentes que no hayan podido disfrutar de la reducción:

a) Aquellos que siendo en la actualidad residentes, lo fueron en años anteriores. Sin duda que nuestra recomendación es impugnar las autoliquidaciones efectuadas en años anteriores a través del modelo 210. El modelo 210 se liquida trimestralmente, por lo que se podrían remontar al primer trimestre del año 2016 e impugnar las autoliquidaciones. La respuesta de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria será negativa y lo que dirán los organismos de gestión tributaria es que ellos se han limitado ha aplicar la legislación vigente y que no pueden devolver las cantidades indebidamente ingresadas. Esta negativa tendrá que ser recurrida en plazo y forma ante los Tribunales Económico-Administrativos y posteriormente ante el Tribunal Superior de Justicia.

b) Aquellos que en la actualidad siguen siendo no residentes. En estos casos y para evitar sanciones, lo mejor es ir declarando los ingresos de los alquileres sin aplicar la reducción del 60% y, una vez presentada la autoliquidación, impugnarla y pedir la devolución de los ingresos indebidos.

Mención especial merecen aquellos que no se aplicaron la reducción del 60% en los años anteriores a 2016. En estos casos, no tendrían más remedio que esperar a que se condenase expresamente a España y, en ese momento, iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por el incumplimiento del Derecho Comunitario. Cierto es que España ha intentado obstaculizar el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial pero es de esperar que estas restricciones se anulen por la Comisión Europea y que finalmente se puede ejercitar esta acción sin ningún tipo de restricción.

 

Si necesitas asesoramiento sobre la declaración de la Renta, puedes enviarnos un correo a info@martinezlafuenteabogados.com o contacta con Martínez Lafuente Abogados  a través de nuestra web.